La aprobación en la Cámara de Diputados de reformas constitucionales que prohíben por completo el uso, venta y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos abre un nuevo capítulo en la política sanitaria del país… y, según especialistas, también en el crecimiento del mercado negro.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores avalaron el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma modifica la Ley General de Salud para imponer penas de uno a ocho años de cárcel a quien comercialice estos dispositivos, además de multas que van de 11,314 a 226,280 pesos.

La prohibición es absoluta: incluye adquisición, fabricación, almacenamiento, transporte con fines comerciales, importación, exportación, venta, distribución y publicidad de cualquier dispositivo que caliente o vaporice sustancias —con o sin nicotina— distintas al tabaco.

Un terreno fértil para la ilegalidad

Aunque la reforma fue justificada por el Legislativo como una medida para frenar “una amenaza a la salud pública”, la discusión no se agota en los efectos sanitarios. Organizaciones civiles y especialistas como Liria Morales de la red de usuarios LANPUD han advertido que medidas prohibicionistas suelen empujar a los usuarios hacia canales clandestinos, donde no existe control sanitario ni fiscal.

“(Está decision) Parece que el Gobierno Mexicano le está ayudando a las mafias que ya están instaladas y que venden vaporizadores sin control alguno”, comentó la activistas.

En junio pasado, en el contexto del Día Mundial del Vapeo, expertos alertaron sobre el rápido crecimiento del mercado negro de vaporizadores en México, un fenómeno que describen como consecuencia directa de prohibiciones sin regulación integral.

De acuerdo con estas voces, la demanda no desaparece con la ley, sino que se desplaza hacia redes informales cada vez más consolidadas: vendedores por redes sociales, importaciones ilegales, distribuidores clandestinos y dispositivos de origen desconocido, con componentes que no pasan por ningún estándar de seguridad.

Prohibición vs. regulación: un debate abierto

Mientras el gobierno federal sostiene que la medida busca proteger la salud, sobre todo a jóvenes, activistas advierten que la falta de regulación abre la puerta a un escenario más riesgoso, en el que los consumidores quedan expuestos a productos adulterados y sin verificación sanitaria.

La discusión también ha puesto sobre la mesa la contradicción entre prohibir estos dispositivos —muchos de ellos utilizados en otros países como alternativa menos dañina al cigarro tradicional— y la permanencia del mercado legal del tabaco en México.

Por ahora, el país avanza hacia una política de cero tolerancia hacia los vaporizadores, mientras el mercado clandestino parece tener todo listo para ocupar el espacio que deja la ley.