El Poder Legislativo votará la reforma al artículo 19 de la Constitución, para ampliar la lista de delitos que merecen prisión automática, entre ellos, el narcomenudeo. Diversas organizaciones alertan sobre la criminalización que representa para usuarios y sectores vulnerables.

Este miércoles 13 de noviembre comenzará la discusión en el Poder Legislativo de la reforma al Artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa (o automática) a la extorsión, tráfico de fentanilo, fraudes fiscales y narcomenudeo. Esto último más que una decisión que afecte al narcotráfico a gran escala, va con los sectores más vulnerables de la cadena y los usuarios, según organizaciones civiles.

Recordemos que en México los delitos contra el tráfico de sustancias ilegalizadas se dividen en dos: el narcomenudeo y narcotráfico. La diferencia entre ambas radica en la cantidad que tenga el detenido. Estás cantidades se regulan por dos leyes: la Ley General de Salud (LGS) y el Código Penal Federal, por ejemplo: para uso personal el usuario puede portar 5gr de cannabis, 2gr de opio, 500 mg de cocaína, etc.

Las autoridades del fuero común (o local)  se encargan de las conductas de narcomenudeo (suministro, comercio y posesión simple) cuando la cantidad de la sustancia es menor a mil veces la dosis máxima establecida en una tabla para uso personal que se encuentra en el Artículo 479 de la LGS. Usando la cannabis como ejemplo: si una persona porta de 5 g a 5 Kg de marihuana será procesado por narcomenudeo. 

En el papel suena (dentro de la prohibición) como un escenario flexible, sin embargo el diablo está en los detalles. Es común que a algún detenido por estar fumando marihuana en la calle o en las ilegales revisiones “de rutina”, se le agregue unos gramos o modifiquen reportes para procesar a esta persona. Lo que significa, si se aprueba la reforma, que ahora es un narcomenudista a los ojos del juez y tendría que ser sentenciado a prisión automática mientras recibe condena.

La prisión preventiva en sí para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad y a la libertad personal, así como contra la persecución eficaz de los delitos y la igualdad ante la ley, entre otras”. Esto lo dijo en noviembre del año pasado cuando comenzó la discusión en la Cámara de Diputados. 

En el caso de la prisión preventiva para narcomenudeo, Elementa DDHH (organización civil sin fines de lucro que busca la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos), afirma que “ no repercute en el tráfico ni la violencia relacionada con el narcotráfico, dado que este delito es de bajo impacto y suele tener baja capacidad organizativa”.

Esta organización además dio a conocer que en 2022, de las 2,128 personas que se encontraban en prisión preventiva oficiosa por delitos contra la salud, el 41.64% eran por posesión simple; 19.88% por posesión con fines de comercio; 6.25% por comercio; 25.56% por suministro, y 2.11% por transporte. 

Otra voz especializada que está en contra de esta reforma es Emma Rodríguez, activista de Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas, quien afirmó para Thulio que “podría ser dañina para los que somos usuarios, ya que si nos encuentran una cantidad mayor a la personal, bajo esta reforma seríamos tratados como narcomenudista y encarcelados automáticamente”. 

Para la investigadora esta reforma va en contra de los sectores más vulnerables “que representan la parte más baja de la cadena de narcotráfico, contra los usuarios y no contra empresas o políticos que están relacionados con el crimen organizado”.

Lamentó que los actores políticos, militares y empresariales relacionados con el narcotráfico sean enjuiciados en EUA, mientras en México van en contra de los usuarios y los eslabones más vulnerables. “(La reforma) No está bien pensada e intenta tapar el Sol con un dedo”, concluyó. 

En los próximos días sabremos si la esperanza de una regulación de la cannabis se diluye y nos entregan más criminalización contra los usuarios, así como de los actores más vulnerables dentro del crimen organizado. 

Actualización: Ayer (13 de noviembre) la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor  y 18 en contra ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa o automática. Sin embargo eliminaron de la reforma al Artículo 19 el narcomenudeo, delitos fiscales y precursores químicos.

Ricardo Monreal, líder del grupo legislativo de Morena, aclaró que quitaron el narcomenudeo porque el partido votó por darle “un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar, restaurar el tejido social, sobre todo en jóvenes”.

Ahora la reforma pasará al Senado para continuar su discusión y votación. 

Fuente: Cuartooscuro